Prohibirán los desalojos habitacionales por retrasos o por mora

Prohibirán los desalojos habitacionales por retrasos o por mora

Prohibirán los desalojos habitacionales por retrasos o por mora

La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen favorable para reformar la Ley de Protección al Consumidor para incluir entre las prohibiciones las amenazas de desalojo habitacional por retraso o mora en el pago de cuotas o intereses.

La reforma a la Ley de Protección al Consumidor consiste en incluir un literal en la lista de prácticas abusivas que prohíbe el artículo 18

“Ha sido un vacío jurídico que estaba en la Ley de la Defensoría del Consumidor y a pesar de ser un vacío jurídico y de causar problemáticas en los territorios nunca se le había dado solución”, dijo la diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, quien presentó la iniciativa.

Agregó que surgió por denuncias de habitantes de San Martín y de algunos municipios de La Paz quienes encontraban cerradas las oficinas de las lotificadoras para pagar sus cuotas y sufrían amenazas de quitarles sus lotes ante el impago de una mensualidad.

La diputada Elisa Rosales expresó que la reforma a la Ley no busca desvincular al consumidor de un pago. “Se busca proteger al consumidor de prácticas abusivas”, dijo.

Otra parte de la reforma es al artículo 99 para incorporar dentro de las situaciones en que la Defensoría pueda emitir medidas cautelares en los casos en que esté en riesgo el derecho a la vivienda.Defensoría recibe amenazasEn la sesión, participó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien expresó que reciben denuncias de que proveedores del sector inmobiliario “realizan amenazas sin seguir un debido proceso” a consumidores que se ven con retrasos en sus pagos.

“Incluso estas amenazas llegan a ser realizadas a través de desalojos, incluso a través de métodos violentos, que llegan a violentar el derecho de los consumidores”, dijo Salazar.

Indicó que la reforma tipifica como conducta abusiva que será sancionada con una multa hasta por 500 salarios mínimos ($182,500).

Sostuvo que primero deben agotar el proceso de resolución de controversias de la Defensoría y posteriormente la vía judicial para proceder a un desalojo.

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