La Organización de las Naciones Unidas exigió respuestas al Gobierno de El Salvador ante una “supuesta detención arbitraria contra cinco defensores del medionambiente” de la comunidad Santa Marta en Victoria, departamento de Cabañas.
La misiva, fechada el 8 de marzo, fue enviada dos días después de que una Cámara negara el otorgamiento de medidas sustitutivas a la detención contra los cinco líderes de la comunidad detenidos el pasado 13 de enero. Según la defensa de los acusados, por su avanzada edad algunos padecen de enfermedades y requieren atención médica.
A Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, el Estado los acusa de haber participado en el asesinato de una mujer en la comunidad de Santa Marta en agosto de 1989, así como de los crimines de asociación ilícita y de privación de libertad.
En el país, el caso ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como una “persecución política” debido al perfil que tienen los acusados.
De hecho, en la misiva, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, certifican que los detenidos son personas “defensoras de los derechos humanos”.
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