Violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de privados de libertad bajo custodia del Estado, fueron los principales hallazgos revelados la mañana de este viernes 27 de enero por (HRW).
La organización internacional de derechos humanos tuvo acceso a una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la enlistan a personas capturadas desde que inició el régimen de excepción hasta finales de agosto de 2022. Esa información fue contrastada por HRW con otras fuentes y encontraron 300 coincidencias.
“La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, destacó HRW en el documento.
Los registros, además, proporcionan las edades, los delitos, el lugar donde fueron detenidas y la cárcel a la que fueron enviadas las personas durante los primeros cinco meses del régimen. La organización enumeró también información que plantea “preocupaciones en materia de derechos humanos”.
Señalaron, en primer lugar, que, hasta finales de agosto 1,082 menores fueron capturados durante el régimen de excepción, entre estos 918 niños y 164 niñas, ya habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años.
Además, esa misma base de datos confirmó la muerte de 32 personas durante ese periodo en centros penales, en su mayoría en Mariona e Izalco. Para noviembre, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro aseguró que tenían registros de 90 fallecidos en centros penales.
Otra de los hallazgos demuestra que hasta agosto, más de 50,000 personas ya habían sido enviadas a detención provisional, con lo que se generó un hacinamiento en las cárceles y elevando a la población penitenciaria a más de 86,000 reos.
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
En diciembre de 2022, HRW y Cristosal presentaron un informe en el que concluyeron que durante el régimen de excepción el Estado ha cometido violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas.
En esa ocasión sugirieron al gobierno de El Salvador reemplazar el régimen de excepción con otra estrategia de seguridad que sea sostenible para tratar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen.
“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales. Por eso, reiteramos el llamado a los gobiernos de la región a garantizar seguridad sin injusticias a la ciudadanía”, expresó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
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