Con la llegada de ARENA al gobierno en 1989, se inició en el país, la implementación del Programa de Ajuste Esrructural. Lo cuál supuso la disminución de ciertas funciones del Estado, las que fueron transferidas al Sector Privado.
Así, operaron las Privatizaciones. Activos del Estado que eran muy rentables, a propósito los quebraron haciéndolos ineficientes, y con eso justificar que en manos privadas habría una mejora en la calidad de los servicios. Y en base a la dinámica de la competencia los costos se reducirían en favor de los consumidores.
La vida nos demostró que eso fué mentira. El acceso fué cada vez menor, el costo se elevó drásticamente y por supuesto las utilidades de los empresarios fueron y siguen siendo muy cuantiosas (millonarias). Además de todo el costo social, pues todas las privatizaciones implicaron despidos masivos de trabajadores.
Eso pasó con las Telecomunicaciones, la Energía Eléctrica, los Fondos de Pensiones, la Banca, la Seguridad, la emisión de Licencias, la emisión del DUI, la Disposición final de los Desechos Sólidos, el Gas propano, el Transporte público, etc.
Éste enfoque en la gestión de gobierno, es propio de quiénes abrazan la doctrina económica del Capitalismo, y especifícamente el modelo Neoliberal. Quiénes desde una estrátegia de acumulación, promueven la extracción y mercantilización de bienes naturales y territorios concretos.
La Clase Dominante y el gobierno actual, son fieles devotos y defensores de la economía social de mercado, en pocas palabras del Neoliberalismo. Además son fieles representantes de los intereses económicos, políticos e ideológicos de grupos y consorcios empresariales nacionales y transnacionales.
Ellos pretenden PRIVATIZAR algunas áreas del Aeropuerto Internacional y del Puerto de Acajutla (ya lo están haciendo), el Agua, la Educación, la Universidad de El Salvador, la Salud, el Zoológico, Balnearios ( administrados por el ISTU), Hidroeléctricas, entre otros activos públicos.
La patria y la historia nos convocan hoy. Es menester tener nemoria, no olvidar de dónde venimos como sociedad, y desde el ejercicio de la ciudadanía activa, con dignidad y valentía debemos organizarnos y movilizarnos, para resistir y defender nuestro patrimonio. Es nuestro derecho, es nuestro deber.
#LaOpinión Por Manuel Gil
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