En una votación conjunta, diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y GANA dieron su respaldo para dictaminar la nueva “Ley transitoria de compensación económica por retiro voluntario de servidores públicos jubilados o pensionados del Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas”. Esta ley, que utilizó a aquellos trabajadores que ya tramitaron su jubilación y siguen laborando en carteras de Estado, podrán optar por una compensación de hasta $25,000.
La ley cubrirá a más de 5,000 empleados del Órgano Ejecutivo, incluyendo docentes, trabajadores de la Universidad de El Salvador (UES), personal de salud y de los 16 ministerios del Estado. Sin embargo, quedan excluidos de esta compensación los militares, empleados del Ministerio Público, instituciones financieras del Estado, de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Según Carlos Salazar, Director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, inicialmente más de 5.000 personas se beneficiarían de esta ley. Los fondos para las compensaciones serán obtenidos de las plazas suprimidas en el Estado, y en caso de ser insuficientes, el Ministerio de Hacienda gestionará los recursos necesarios. En el caso de las entidades autónomas, deberán financiar las indemnizaciones con sus propios recursos.
Aunque se aprobaron cambios mínimos, se agregó una modificación solicitada por el jefe de fracción, Christian Guevara. Las renuncias presentadas por los trabajadores deberán hacerse bajo los artículos correspondientes de la Ley del Servicio Civil y la Ley de la Carrera Docente, en el caso de los maestros. Se espera que esta ley proporcione un mecanismo de retiro voluntario más flexible y favorable para los empleados públicos que ya están jubilados o pensionados.
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